Recomendaciones generales del informe conjunto EPU 2018:

1) Mecanismo internacional contra la impunidad:

Crear e instalar un mecanismo contra la impunidad para coadyuvar al Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias y reformas legales e institucionales que contribuyan a una mejor investigación y sanción de graves delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por el sector público y privado. En este mecanismo, personas expertas internacionales con reconocido prestigio y experiencia en materia de impunidad, investigación penal, macro criminalidad y otras materias relevantes colaborarán en el fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la impunidad, pudiendo publicar además recomendaciones, hallazgos e informes periódicos sobre su labor.

2) Derogación de la Ley de Seguridad Interior:

Derogar la Ley de Seguridad Interior durante la primera sesión legislativa de 2019.

3) Transición a modelo de seguridad ciudadana

Presentar, dentro de los seis meses posteriores a la aceptación de las recomendaciones del EPU, un plan calendarizado para lograr el fortalecimiento y reforma de las instituciones policiacas mexicanas para que estas asuman las tareas de seguridad pública en el país, así como el calendario de retiro de las Fuerzas Armadas de las mismas; dicho plan debería tomar en cuenta los insumos de actores e instituciones expertas en la materia, incluyendo académicas y de la sociedad civil.

4) Combate a la impunidad mediante la persecución penal autónoma y eficaz:

Crear una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con las capacidades técnicas para investigar los patrones de delincuencia en el país y con robustos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y en particular:

 

  1. Garantizar mecanismos democráticos para la designación del nuevo/a Fiscal General mediante concurso público y con la creación de una Comisión de Designaciones independiente;
  2. Crear una vicefiscalía o entidad similar en la nueva Fiscalía para investigar graves violaciones a derechos humanos, con facultades legales y capacidades técnicas para investigar tanto autores materiales como intelectuales, incluyendo la cadena de mando;
  3. Elaborar un Plan Estratégico de Persecución Penal para la nueva Fiscalía que incluya las capacidades para hacer investigación en contextos de macrocriminalidad y de redes ilícitas de poder, que tome en cuenta insumos de instituciones expertas en estos temas, incluyendo académicas y de la sociedad civil;
  4. Instalar una Unidad de Análisis de Contextos, conformada por un equipo multidisciplinario, con la finalidad de articular la información aislada que actualmente se encuentra en las diversas fiscalías de la República, detectar patrones de violaciones graves a los derechos humanos y conexiones entre perpetradores y autoridades, determinar modalidades de participación criminal en las estructuras de poder, investigar e imputar a los máximos responsables de estas conductas, y con ello desarticular redes de macrocriminalidad;
  5. Crear, en cumplimiento de recomendaciones vigentes de órganos de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un Instituto Autónomo de Ciencias y Servicios Forenses a servicio de las instituciones de persecución penal, las defensorías y cualquier otra institución que requiera sus servicios; así, los servicios forenses dejarán de depender orgánicamente de las autoridades ministeriales.

5)  Sistema de Atención a Víctimas eficiente.

Garantizar la debida implementación de la Ley General de Víctimas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, asegurando procesos transparentes y efectivos de participación de colectivos de víctimas y organizaciones civiles, en particular mediante: la armonización del marco normativo de las entidades federativas con la Ley General dentro de los ocho meses posteriores a la aceptación de las recomendaciones; la creación de Comisiones Estatales de Atención a Víctimas con capacidades financieras, humanas y técnicas en todos los estados de la República dentro del año posterior a la aceptación de las recomendaciones; la adopción de reglamentación; así como la implementación de procedimientos sencillos, flexibles, profesionales, no revictimizantes y coordinados entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las comisiones estatales y las demás instituciones involucradas.

6) Coadyuvancia internacional para implementación de recomendaciones EPU

Actualizar al Consejo de Derechos Humanos sobre la implementación de las recomendaciones del EPU en una intervención oral anual bajo el ítem 6 de la agenda del Consejo, con miras a identificar áreas en las que el Consejo y sus Estados miembros puedan brindar asistencia técnica para coadyuvar en el cumplimiento de las mismas.

Para más información y preguntas sobre estas recomendaciones:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh): [email protected]

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT):

[email protected]

 

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos:

[email protected]

 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos:

[email protected], [email protected]