Ficha técnica captura corporativa del estado.

Problemática

Captura corporativa del Estado

En los últimos años, las organizaciones internacionales y nacionales y los mecanismos de derechos humanos han señalado los graves retos con que se enfrenta México en materia de derechos humanos. El país adolece de altos niveles de violencia, inseguridad e impunidad, que se ven agravados por la persistencia de los problemas de la corrupción y la delincuencia organizadaFOOTNOTE: Footnote. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU observó en su visita a México en 2016FOOTNOTE: Footnote que una de las principales preocupaciones causadas por las violaciones delos derechos humanos en relación con las empresas tiene que ver con el ejercicio inadecuado, por parte del gobierno y las empresas, de la diligencia debida en materia de derechos humanos en el diseño y la ejecución de proyectos en gran escala en la reparación adecuada de los daños causados. Se trata principalmente de proyectos en los sectores de la minería, la energía, la construcción y el turismo, que a menudo afectan a las comunidades indígenas. Otras preocupaciones básicas guardan relación con los derechos laborales y la capacidad del gobierno de supervisar eficazmente el cumplimiento de las normas laborales y ambientales. La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad.

La impunidad en México está fuertemente ligada con el fenómeno de la captura corporativa del Estado definidaFOOTNOTE: Footnote como la influencia indebida que las corporaciones ejercen sobre las instituciones públicas nacionales e internacionales, manipulandolas para que actúen de acuerdo con sus prioridades, a costa del interés público y la integridad de los sistemas necesarios para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Esto se traduce también en la diplomacia extranjera y económica que protege los intereses corporativos a cualquier precio; la manipulación de las comunidades para aceptar proyectos de inversión, interferencia judicial para que los tribunales ofrezcan resultados favorables a las compañías y socaven los esfuerzos para acceder a la reparación y a la rendición de cuentas lo cual también favorece la práctica en el país del incumplimiento de sentencias favorables a las personas afectadas. La interferencia política y legislativa para crear leyes que favorecen la actividad empresarial y desfavorecen la protección de los derecho humanos como es el caso de algunas reformas constitucionales como la energética, leyes como la de las Zonas Económicas Especiales y la negación para reconocer que las empresas pueden ser consideradas autoridades responsables de violaciones a derechos humanos, a pesar que así esté estipulado en las reformas realizadas a la Ley de Amparo, pero los tribunales aún no desarrollan esta cuestión; los movimientos de empleados de alto nivel del sector público al sector privado y viceversa favoreciendo su sector y o actividad; y la privatización de servicios de seguridad pública al servicio de privados mediante pagos e incentivos para trabajar a favor de las empresas en comunidades locales, recopilando información, intimidando a la población, enfrentándose contra manifestantes que protegen sus derechos, incluyendo el medio ambiente y su territorio. En general las consecuencias de la captura corporativa del Estado mexicano y otros Estados privilegia el beneficio económico y crea un espacio permisivo para la comisión de violaciones a derechos humanos dejándolas impunes.

Recomendaciones

  1. Llevar adelante la agenda de las empresas y los derechos humanos en los tres poderes de gobierno, fortaleciendo el Estado de Derecho, y garantizando la soberanía nacional en el desarrollo e implementación de legislación y normatividad en la materia, sin que inversionistas, bancos, empresas y Estados miembros puedan demandar económicamente al Estado mexicano por hacerlo en cualquier momento.
  2. Transparentar a los beneficiarios reales de todas las personas jurídicas con actividad empresarial en México, eliminar las empresas fantasma y detener la proliferación y existencia de las mismas. De la misma forma, definir el mecanismo para caducar una concesión, no desarrollar o cancelar un proyecto, sancionar a las y los responsables de violaciones a derechos humanos en todo proyecto y tratado comercial y de inversión. En este sentido, incentivar privilegiando en las compras públicas a aquellas empresas que han probado su compromiso y respeto a los derechos humanos.
  3. Implementar el Comentario General 24 del Comité DESC en su amplio espectro el cual establece las obligaciones de priorizar los derechos humanos por encima de los intereses del sector privado, de retirarse de los acuerdos comerciales cuando se identifiquen conflictos entre las obligaciones establecidas en el PIDESC y las establecidas en los tratados o acuerdos de inversión, y la de conducir evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo; e incluir la participación de la sociedad civil antes, durante la implementación y al concluir para hacer un monitoreo y evaluación que lleve a las mejoras necesarias.
  4. Ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC y apropiarse del contenido de acuerdo al propio PIDESC, en donde indica que las obligaciones de los Estados no terminan en sus fronteras. Es necesario que adopte todas las medidas para prevenir las violaciones a los derechos humanos que cometen en el extranjero las empresas que tienen domicilio en su territorio o jurisdicción. La obligación extraterritorial a respetar los derechos humanos requiere que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el goce de los derechos de las personas fuera de sus territorios.
  5. Dar aportes significativos para el desarrollo sobre un necesario tratado internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas que protejan los derechos humanos.

Preguntas al Estado mexicano

1. ¿Qué acciones lleva a cabo el Estado mexicano para garantizar el cumplimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comentario General 24 del Comité DESC sobre Obligaciones Estatales sobre el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el contexto de las Actividades Empresariales (Públicas, privadas, público-privadas)?

2. ¿Qué acciones lleva a cabo el Estado mexicano para garantizar que los acuerdos comerciales, de libre comercio y de inversión se lleven a cabo para avanzar en los derechos humanos, garantizar la participación efectiva de la sociedad civil para el desarrollo de los mismos, transparentar los procesos de negociación y documentos, beneficiar a la población y no sólo a los intereses comerciales y élites empresariales?

3. ¿Qué acciones lleva a cabo el Estado mexicano para eliminar los obstáculos para el acceso a la justicia integral de las personas afectadas por la actividad empresarial?

4. ¿Qué acciones lleva a cabo el Estado mexicano para garantizar las obligaciones extraterritoriales de las empresas y proteger los derechos humanos a través de un tratado internacional vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas?

5. ¿Qué acciones lleva a cabo el Estado mexicano para sancionar a las y los responsables de violaciones y abusos a los derechos humanos en la actividad empresarial y garantizar la no repetición?

Datos de Contacto:

Organización: Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Nombre: Ivette González / Eugenia López

Teléfono: +52 55 5207 3392

País: México

E-mail: [email protected], [email protected]