Ficha técnica sobre desapariciones forzadas y cometidas por particulares

PROBLEMÁTICA

Desde el 2006, con el inicio de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” y el despliegue de miles de soldados en tareas de seguridad pública, las cifras de crímenes graves, entre ellos la desaparición de personas, crecieron exponencialmente. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el cual no provee una cifra fidedigna sino una subestimación de la magnitud del problema, un total de 35,410 personas están reportadas como desaparecidas o “no localizadas” (1,142 del fuero federal y 34,268 del fuero común) incluido de 8,998 mujeres y 6,330 menores de edad (de acuerdo con la última actualización del RNPED el 31 de enero de 2018). Se observa un preocupante aumento de casos de mujeres desaparecidas durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto (desde 2012), con un total de 6,255 casos, incluido 2,893 casos de niñas y adolescentes.

Las desapariciones de personas suelen ser cometidas por bandas del crimen organizado y por funcionarios públicos, especialmente policías y militares en tareas de seguridad pública. A pesar de la aprobación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas la Investigación del Delito de Desaparición Forzada (agosto de 2015), se observa que en la mayoría de los casos, las autoridades no reaccionan de forma inmediata y demoran en la implementación de las acciones básicas de búsqueda. Siguen arraigadas prácticas como la criminalización y estigmatización de las víctimas y/o sus familiares.

Se estima que más de 25.000 cuerpos se encuentran en morgues oficiales a la espera de ser identificados. Fosas clandestinas, muchas de ellas comunes, regularmente son descubiertas por familiares que buscan a sus seres queridos. Una de ellas, descubierta en 2016 por un grupo de familiares en las afueras de la ciudad de Veracruz, contiene más de 300 cuerpos, a la fecha sólo se han identificado 19.

Las investigaciones no se realizan de forma seria, exhaustiva y eficaz. En la mayoría de los casos, las autoridades no cuentan con las capacidades técnicas y/o la voluntad política para establecer y agotar las líneas de investigación. Además, la impunidad en temas de desaparición forzada es de tal nivel de gravedad que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, solo se han producido 11 sentencias por el crimen de desaparición forzada, y solo 9 de ellas son sentencias condenatorias.

En 2017 el Congreso y el gobierno aprobaron una ley nacional contra las desapariciones.FOOTNOTE: Footnote Las víctimas habían cabildeado por años por esta ley y habían participado en arduas negociaciones con las autoridades, las cuales rechazaron algunos aspectos claves de la ley. La ley está ahora en fase de implementación. De todas formas, el gobierno fracasó en la asignación de un presupuesto adecuado para 2018. La nueva fiscalía especializada sobre desapariciones en la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido creada sin consulta con las víctimas (algo que la ley destaca como piedra angular de todo el proceso de implementación) y sin incorporar elementos claves de la ley. El borrador oficial del reglamento de la ley no cumple con numerosos aspectos de la ley que pretende reglamentar.

PREGUNTAS:

  • ¿Cuáles han sido los resultados del Estado mexicano en materia de investigación y sanción de casos de desapariciones forzadas y por particulares? Proporcione información que pueda ser corroborada independientemente, por ejemplo el número de cada sentencia judicial, lugar y fecha, incluyendo la investigación de autores intelectuales.
  • ¿Cuál ha sido el impacto del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada aprobado en agosto de 2015?
  • ¿Cómo planea remediar las muchas falencias registradas en la creación de la fiscalía especializada? y ¿cómo asegurará la participación de las víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en las diferentes etapas de creación e implementación de la ley general y la Fiscalía especializada?
  • ¿Qué resultados concretos se han alcanzado en cuanto a la creación de fiscalías especializadas en todos los Estados? ¿Cómo es su desempeño y cuáles son los resultados de cada una de ellas hasta la fecha?
  • ¿Qué resultados se han alcanzado en cuanto al establecimiento de comisiones de búsqueda a nivel federal y estatal?
  • ¿Qué resultados concretos se han alcanzado en cuanto al establecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Banco Nacional de Datos Forenses?

RECOMENDACIONES:

  1. Implementar de manera completa y urgente la Ley General sobre Desapariciones con amplia participación de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. En particular: establecer comisiones nacionales y estatales de búsqueda que sean robustas y efectivas, con un sistema nacional de búsqueda eficiente y con transparencia y rendición de cuentas; crear fiscalías especializadas de acuerdo a la Ley General a nivel federal y estatal; establecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Banco Nacional de Datos Forenses, de acuerdo a lo dispuesto en la ley.
  2. Instalar a la brevedad una Unidad de Análisis de Contextos en la Procuraduría General de la República, conformada por un equipo multidisciplinario y con la finalidad de articular la información aislada que actualmente se encuentra en las diversas fiscalías de la república, detectar patrones de violaciones graves a los derechos humanos y conexiones entre perpetradores y autoridades, determinar modalidades de participación criminal en las estructuras de poder, investigar e imputar a los máximos responsables de estas conductas, y con ello desarticular redes de macrocriminalidad.
  3. Desarrollar e implementar en los tres niveles de gobierno un plan de acción integral e interdisciplinario para la prevención, investigación y atención de casos de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de desaparición, con enfoque de género, en consulta con sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil y tomando en consideración las recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos.
  4. Reconocer la obligatoriedad de las acciones urgentes y medidas cautelares emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada y fortalecer la coordinación entre las autoridades en los tres niveles de gobierno para garantizar su efectiva implementación.
  5. Reconocer a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales.
  6. Realizar esfuerzos sistemáticos para ubicar fosas comunes y clandestinas, exhumar y contabilizar los cuerpos en las fosas encontradas a lo largo del país, así como cumplir con la reparación de los casos de acuerdo con el Consenso Mundial de Principios y Normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses de casos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales.

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