Ficha técnica sobre situación de las personas privadas de la libertad en México

Problemática

En este apartado presentamos algunas problemáticas que visibilizan la situación actual del Sistema Penitenciario en México y las condiciones que experimentan las personas privadas de la libertad. Dichas problemáticas, se enmarcan en las cuatro principales recomendaciones emitidas al Estado mexicano en el Examen Periódico Universal de 2013, en la materia.

  1. Modernizar la política criminal y penitenciaria basada en derechos

El 17 de junio de 2017 se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la cual prevé que su entrada en vigor sea gradual, puesto que algunas de sus disposiciones requieren del diseño e implementación de políticas públicas penitenciarias, previsiones y adecuaciones presupuestales y armonización de otras normativas. Asimismo, prevé un plazo de cuatro años para que los centros penitenciarios puedan capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones, así como ajustar su estructura organizacional.

La reforma implica un importante cambio de paradigma para el sistema de ejecución así como profundos cambios infraestructurales. No obstante, en el proyecto de presupuesto para 2017 se proyectaba un recorte del 10% para el sistema penitenciario, lo que representa una pérdida de 1,693.6 millones de pesos,FOOTNOTE: Footnote además de no incluir ningún recurso para la implementación de la reforma penal. Esta previsión manda un mensaje contradictorio con este recorte, justo en el momento donde se tendría que invertir en la difusión, capacitación, mejoramiento de los centros y creación de nuevos juzgados de ejecución.

Este desinterés en la implementación del nuevo sistema de ejecución tiene consecuencias graves para el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad en México: No existen capacitaciones especializadas en ejecución penal destinadas a jueces, defensores o ministerios públicos. Los jueces de ejecución se niegan a atraer asuntos relativos a sus nuevas competencias o a basarse en la LNEP para la obtención de beneficios. Los ministerios públicos, quienes podrían convertirse en actores cruciales para el combate a la corrupción y el autogobierno, se siguen limitando a un papel de oposición, casi sistemática, de las solicitudes de beneficios de preliberación. Los defensores de oficio, por desconocimiento del nuevo marco legal en materia de ejecución, convencen a sus representados de no solicitar los beneficios de la nueva ley.

  1. Erradicar la violencia en las prisiones y mejorar las condiciones.

El sistema penitenciario mexicano es incapaz de dar respuestas efectivas y evitar violaciones generalizadas a DDHH. La prisión preventiva es una práctica casi generalizada y la población privada de libertad está en máximos históricos (255, 638 personas)FOOTNOTE: Footnote. Ello se ha traducido en autogobierno intramuros (56% de los Centros) y sobrepoblación (el 40%)FOOTNOTE: Footnote.

Las cifras de incidentes violentos en centros de México son alarmantes. En los últimos 5 años se han registrado 59 fugas, 71 motines (más de la mitad ocurrieron en el año 2017), 5627 riñas y fallecieron 2,044 personas (136 homicidios, 252 suicidios, 1656 decesos)FOOTNOTE: Footnote, con episodios tan sonados y lamentables como el motín en Topo Chico en 2016, con 49 muertos; o la riña en Acapulco, que dejó un saldo de 28 decesos. Las entidades con mayor número de incidentes violentos, según el mismo OADPRS, son Baja California (1460), Sonora (936) y Puebla (916.)

Finalmente, la reiterada violencia e inseguridad que sufren cotidianamente familiares y visitantes a través de violencia sexual, corrupción y prostitución forzadaFOOTNOTE: Footnote son algunas muestras más de la dramática situación del sistema penitenciario en México y el incesante descuido del Estado, en su posición de garante, por el respeto y garantía de la población privada de libertad en el país. Sirva como ejemplo, el feminicidio cometido por un interno contra Rocío N. en el Centro de Reinserción Social de Puebla.FOOTNOTE: Footnote En este sentido, hay que resaltar que ocurrieron 2,584 agresiones a terceros.

  1. Poner fin a la tolerancia y a la impunidad de la violencia de género contra mujeres y niñas; y que las soluciones tomen en cuenta la situación de las mujeres en las cárceles

Actualmente, hay 10, 611 mujeres privadas de libertad en México, lo que representa una disminución del 8% en estos 5 años. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad no ha mejorado pese a ser una recomendación realizada en el EPU 2009. A la fecha, a nivel nacional el 47% de las mujeres encarceladas están esperando que se resuelva su situación jurídica contra 38% de los hombres, en Durango esta cifra sube a 80%. El último informe de la CNDHFOOTNOTE: Footnote de 2015 sobre la situación de estas mujeres resaltó que por la falta de espacios dedicados a ellas, siguen con carencias que no tienen los hombres, por ejemplo: en materia de alimentación, artículos de higiene, acceso a servicios de salud o atención a las niñas y niños que viven con ellas a dentro de los centros de reclusión. Las mujeres en este sistema mexicano son más propensas a ser víctimas de malos tratos, tortura, abusos sexuales, medicación forzada y trata de persona por parte de los grupos de delincuencia organizada que controlan el 65% de las cárceles mexicanas. El informe de la CNDH menciona que en 20 de los 73 centros visitados, las mujeres explicaron recurrir a la prostitución como moneda de pago para poder acceder a los servicios de la institución. En la época de elaboración del informe, el 87% de las mujeres privadas de libertad estaban recluidas en centros de reclusión mixtos. De acuerdo con nuestro análisis de los microdatos de la Encuesta Nacional a Población Privadas de Libertad del INEGI, un 3% de las mujeres entrevistadas manifestó haber sido agredida mediante hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación en el transcurso del año 2016 en 66% por parte de compañeros de celda y en 35% el propio personal de custodia. Una de las brechas más acentuadas es la laboral y económica; mientras las mujeres siguen siendo proveedoras y cuidadoras desde el encierro, el acceso a capacitación para el trabajo y las oportunidades laborales están limitadas por las condiciones de infraestructura, la precarización, los trabajos estereotipados, las condiciones de higiene y salud.FOOTNOTE: Footnote