Ficha técnica sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

(DESCA)

Problemática

Situación general de los DESCA en México.

La grave crisis de derechos humanos en México también la conforman múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) por acciones y omisiones del Estado y de actores no estatales que permanecen en la impunidad. Esto sucede en un contexto de pobreza y desigualdad que impide a millones de personas el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado y otros DESCA: alrededor de 55.3 millones de personas viven en pobreza; 11.4 millones viven en pobreza extrema; 28 millones de personas presentan carencia por acceso a la alimentación (inseguridad alimentaria moderada a severa), al tiempo que aumenta el precio de los alimentos y se estancan los salarios (datos CONEVAL), mientras que 7 de cada 10 personas tienen un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica familiar, sigue pendiente la emisión de la Ley Reglamentaria para el derecho a la alimentación tras siete años de que se elevara a rango constitucional este derecho. La tasa de informalidad laboral se ha mantenido desde hace más de 10 años muy cerca del 60% de la población económicamente activa (PEA), siendo más alta la femenina, y las acciones establecidos para impulsar la formalización han generado empleos de bajos salarios y de corta duración. La población indígena, rural y con discapacidad presenta las peores brechas en el ejercicio de sus derechos sociales, particularmente en materia de salud, seguridad social, alimentación, educación y vivienda. Aunque se impulsa la construcción de vivienda nueva sólo es accesible a quienes perciben más de 5 salarios mínimos (23.8% de la población ocupada), y la política de vivienda se ha enfocado en la construcción de unidades habitacionales vía el sector privado lejanas de los centros urbanos y carentes de servicios. Por esto y más las políticas sociales y de combate a la pobreza deben revisarse, al igual que otras que inciden en los DESCA como la ambiental, la agraria, la hacendaria y la energética.

Los indicadores nacionales de cobertura de agua potable y saneamiento de 94 y 93 por ciento invisibilizan las disparidades regionales y solo indican la existencia de alguna forma de infraestructura, no el acceso real a una cantidad de agua suficiente, continua, de buena calidad y asequible para uso personal y doméstico, ni a instalaciones de saneamiento aceptables, dignas y seguras, como correspondería a estos derechos elevados a rango constitucional en 2012. Asimismo, las medidas de monitoreo de la calidad del agua son insuficientes y deficientes, y se requiere la actualización de Normas Oficiales Mexicanas. Por otra parte, no obstante que el 80% de los productores agrícolas del país son de pequeña escala, la mayoría del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación (SAGARPA) beneficia a los medianos y grandes agricultores. El Estado mexicano no está cumpliendo con su obligación en virtud del Pacto (PIDESC) de destinar hasta el máximo de los recursos económicos disponibles de manera progresiva y sin regresión para el avance de los DESCA, pues no aumenta proporcionalmente el presupuesto destinado a estos derechos respecto a los aumentos globales del presupuesto; ha hecho recortes considerables e incurrió en subejercicios; no recupera los niveles de gasto pese al incremento de los ingresos producto de la reforma hacendaria; y ha realizado gastos exorbitantes en ramos no prioritarios como comunicación social de la Oficina de la Presidencia destinada principalmente a publicidad del propio Estado.

Asimismo, el Estado mexicano impulsa reformas estructurales como la reforma constitucional en materia energética (2013), sus leyes secundarias (2014) y las regulaciones subsecuentes, que contienen disposiciones incompatibles con las obligaciones del Estado preexistentes en virtud del PIDESC: aunado a su aprobación expedita, sin consulta ni consentimiento, la reforma energética establece disposiciones lesivas, obstructivas y regresivas en derechos humanos como: el carácter preferente de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y de las actividades de la industria eléctrica sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas; la determinación administrativa o judicial de servidumbres legales para el uso y ocupación superficial cuando no se llegue a acuerdo entre las empresas asignatarias o contratistas y los titulares de los terrenos; la imposición de obligaciones a la federación, los estados y municipios para agilizar y garantizar el otorgamiento de permisos y autorizaciones relativos a proyectos energéticos; la información reservada y otras dificultades para el acceso a la información a pesar de los avances normativos en materia de transparencia; el régimen especial y de excepción en materia ambiental para la actividad petrolera y gasífera que debilita la política ambiental; los obstáculos para el acceso a la justicia de las personas y poblaciones afectadas por los proyectos energéticos, además de medidas que criminalizan la oposición social a los proyectos energéticos. En este contexto de vulneración de los DESCA, es muy necesario que como eje transversal en la protección de estos derechos, el Estado mexicano no posponga más su adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), opción que viene estudiando desde que el instrumento se abrió a firmas en 2009. En el EPU de 2013 se recomendó la firma y ratificación del PF-PIDESC (Ver: recomendación 148.3)

Preguntas al Estado mexicano

  1. ¿Por qué a pesar del aumento en términos reales del gasto programable del gobierno federal y la obtención de ingresos excedentes a partir de la reforma hacendaria, se han realizado recortes presupuestales a varias funciones y subfunciones de gasto relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, tales como: protección ambiental; vivienda y servicios a la comunidad; salud; educación; abastecimiento de agua, administración del agua y ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales; y ciencia y tecnología?
  2. ¿Qué medidas legales y de política pública ha adoptado el Estado para proteger las fuentes de agua, el ambiente, las actividades productivas agroalimentarias de subsistencia y la salud de la población en el contexto de los proyectos energéticos?
  3. ¿Cuáles son las garantías específicas de que dispone la población en México para la protección de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y cuál es su efectividad para sancionar violaciones en la materia y lograr la reparación integral de los daños?
  4. ¿Por qué el Estado mexicano no se ha adherido todavía al Protocolo Facultativo del PIDESC si impulsó activamente su negociación y adopción en Naciones Unidas y si desde el año 2009 que el instrumento se abrió a firmas, el gobierno reporta haber iniciado la consulta interna para su firma y ratificación?

Recomendaciones

  1. Garantizar que los recursos económicos destinados al financiamiento de los servicios sociales básicos y otros programas relevantes para promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país mantengan prioridad presupuestal, se incrementen progresivamente y estén protegidos contra recortes y otras medidas regresivas, en cumplimiento del PIDESC y de la propia Ley General de Desarrollo Social del país.
  2. Fortalecer y aumentar el nivel de ambición de las metas de reducción de emisiones y transición energética establecidas en la Ley General sobre Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, respectivamente, a través del establecimiento de metas intermedias y una hoja de ruta que dé cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales, a través de energías renovables.
  3. Proteger y garantizar los derechos humanos al agua, al medio ambiente sano y a la salud tomando todas las medidas necesarias de carácter precautorio, legal, económico y de política pública para evitar que las fuentes de agua sean sobreexplotadas y contaminadas por actividades industriales, extractivas y agroindustriales, y asegurando que los actores estatales y no estatales prevengan los daños ambientales severos e irreversibles que repercuten en otros derechos humanos y se responsabilicen de la reparación integral del daño.
  4. Mejorar el acceso de la población a recursos apropiados, judiciales y administrativos, no onerosos, rápidos y eficaces para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y asegurar la debida implementación de las recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos y de las sentencias del poder judicial en la materia.
  5. Firmar y ratificar sin más demora al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).

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