Ficha técnica sobre derechos de las víctimas

Problemática.

La falta de voluntad política del Estado, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, aunado la casi nula coordinación entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, ha impedido el efectivo acceso de las víctimas a las medidas de protección, atención y reparación integral del daño previstas en el marco jurídico nacional, en particular en la Ley General de Víctimas.

Sólo 5 entidades federativas han realizado una armonización integral de la Ley General de Víctimas y otras 22 de forma parcial. Se han instalado 19 Comisiones Estatales, de las cuales, sólo 17 cuentan con asesores jurídicos y sólo 10 con fondos de ayuda, asistencia y reparación integral. Estos procesos de armonización legislativa y creación de comisiones en las entidades federativas en la mayoría de los casos se ha realizado sin consulta y participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Baja California y Guanajuato ni siquiera han iniciado el proceso de armonización de la Ley.

Tanto en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como con las Comisiones Estatales las víctimas siguen enfrentándose a procedimientos ineficaces, complicados, lentos, discrecionales, revictimizantes y burocráticos que obstaculizan no solamente su reconocimiento como víctimas y el goce de sus derechos, sino también acentúan su situación de vulnerabilidad. Preocupa particularmente la falta de profesionalización y sensibilidad de los funcionarios públicos encargados de su atención, así como la falta de un enfoque diferencial para la atención de personas migrantes, periodistas, defensoras de los derechos humanos, mujeres, menores de edad o personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas. Resulta sumamente preocupante que víctimas que padecen de problemas graves de salud (cáncer, diabetes, hipertensión, depresión, entre otros) se vean negado el acceso a servicios de salud por parte de las autoridades, incluida la CEAV, bajo el argumento que estos padecimientos no tienen el vínculo con el hecho victimizante. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como las Comisiones Estatales han sido omisas en la supervisión de estas instituciones; al día de hoy no existe ningún pronunciamiento público o recomendación respecto de las omisiones y graves faltas cometidas por la CEAV o su equivalente a nivel local que constituyen violaciones a los derechos humanos.

El déficit de asesores jurídicos en la Comisión Ejecutiva y en las Comisiones Estatales, también representa un obstáculo para una adecuada atención y representación de las víctimas. La gran opacidad de la Comisión Ejecutiva y Comisiones Estatales ha impedido una participación e inclusión efectiva de los familiares y las organizaciones en los procesos de toma de decisiones.

Se observa preocupante subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Hasta el momento, sólo 184 fueron víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales recibieron una compensación como parte de la reparación integral (83 hombres y 101 mujeres). Persiste una visión muy economista de la reparación por parte de las autoridades mexicanas, incluido de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

PREGUNTAS AL ESTADO MEXICANO

  • ¿Qué ha hecho el Estado mexicano para garantizar la armonización de la Ley General de Víctimas e instalación de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas?
  • ¿Qué criterios han sido aplicados para la designación de los titulares de la Comisión Ejecutiva y Comisiones Estatales de atención a víctimas?
  • ¿Qué resultados han logrado la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Estatales de atención a víctima en materia de ayuda inmediata, medidas de asistencia y reparación integral del daño a víctimas de violaciones a los derechos humanos?

RECOMENDACIONES:

  1. Fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas a través de la armonización de la Ley General de Víctimas en todas las entidades federativas, la instalación de comisiones estatales de atención a víctimas con personal calificado y recursos suficientes, espacios de consulta y participación de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como de medidas para su monitoreo y evaluación.
  2. Diseñar e implementar con participación de la sociedad civil un programa de protección a víctimas en situación de riesgos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuya finalidad sea la realización de estudios de evaluación de riesgo e implementar medidas de prevención y protección de su vida, integridad y libertad.
  3. Generar mecanismos de coordinación institucional entre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la incorporación de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección como víctimas o víctimas potenciales, según sea el caso, en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). Lo anterior, con la finalidad de garantizar su atención integral
  4. Asegurar una atención médica y/o psicológica rápida, gratuita y de calidad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, aplicando los principios buena fe, no victimización secundaria y máxima protección ante cualquier duda relativa al vínculo entre el padecimiento y el hecho victimizante.

DATOS DE CONTACTO

Organización: I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Teléfono: + 52 (55)67183063

Dirección: Calle 9, número 90. Col. San Pedro de los Pinos, CP. 03800 Delegación Benito Juárez, México.

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Organización: Espacio OSC (Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas).

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