Ficha técnica sobre ejecuciones extrajudiciales en el marco de la militarización.

Problemática:

Con la intensificación de la “guerra contra el narcotráfico” durante la última década, la tasa nacional de homicidio doloso ha ido en aumento (después de alcanzar un mínimo histórico de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007). El Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales (2014) señaló en su informe sobre su visita a México que, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 se cometieron 102,696 homicidios intencionales, de los que el gobierno reconoce que no menos de 70,000 están relacionados con el tráfico de drogas. A partir de diciembre de 2012, durante la actual administración, más de 100,000 homicidios dolosos se han denunciado ante las autoridades, incluyendo 25,339 en 2017, la cifra más alta de la historia (equivalente a 69 por día y más de 20 por cada 100,000 habitantes).

La estrategia de seguridad militarizada iniciada en 2006 con el gobierno del ex presidente Calderón ha traído aumentos importantes en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de la Marina (SEMAR) dicen haber participado en más de 3500 enfrentamientos armados. Según datos proporcionados por estas dos instituciones, más de 4000 civiles han sido privados de la vida por las fuerzas armadas mexicanas en el mismo periodo.

La SEDENA informa que en el periodo del 13 de enero de 2007 al 5 de abril 2014, en el curso de supuestos enfrentamientos, murieron 3,967 personas civiles. También reportó que murieron 209 militares del 13 de enero de 2007 al 30 de octubre de 2014: una proporción de 19 civiles o más fallecidos por cada elemento militar fallecido. Dichos números evidencian el uso desproporcionado de la fuerza letal.

Por su parte, la SEMAR, al ser cuestionada sobre el número de enfrentamientos en que ha estado involucrado su personal, reportó un total de 140 enfrentamientos en los años 2012, 2013 y 2014. En dichos enfrentamientos se reportaron 296 civiles y 14 marinos muertos, además de 10 civiles y 60 marinos heridos, según las cifras totales citadas por la SEMAR, murieron 21.1 civiles por cada marino fallecido. Las instituciones ya no monitorean estos datos de manera oficial.

En este ambiente de enfrentamiento armado, a partir de 2014 se descubrió una orden castrense escrita de “abatir” a “delincuentes”, pero aún en estas condiciones, el Estado no ha reconocido oficialmente ni la naturaleza de la violencia, ni mucho menos de la magnitud alcanzada. Las cifras se hacen más alarmantes ante la existencia de impunidad al no llevar a cabo investigaciones serias, sancionar a los autores de tales atrocidades tanto materiales, como los que se señale al identificar la cadena de mando y lograr la reparación integral de las víctimas.

Preguntas al Estado mexicano

  • ¿Qué acciones concretas plantea el Estado para evitar la comisión de ejecuciones extrajudiciales?
  • ¿Qué acciones tomará el Estado para informar mediante datos oficiales y claros los índices de violencia y letalidad en el contexto de la guerra contra el narcotráfico?

Recomendaciones

  1. A partir del mes posterior a la aceptación de las recomendaciones, que todas las instituciones, especialmente SEDENA y SEMAR, que hagan uso de la fuerza registren y difundan públicamente las cifras de personas civiles heridas y fallecidas en contextos de uso de la fuerza y la guerra contra el narcotráfico.
  2. A partir del mes posterior a la aceptación de las recomendaciones, que, ante toda privación de la vida de una persona civil por agentes del Estado, se realice automáticamente una investigación siguiendo las directrices del Protocolo de Minnesota, por expertos forenses independientes y autoridades no implicadas en la privación de la vida.
  3. Desarrollar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y derogar la Ley de Seguridad Interior.
  4. Emitir una Ley General sobre uso de la fuerza incorporando los principios de estricta necesidad, legalidad, proporcionalidad, racionalidad, objetividad y rendición de cuentas, así como disposiciones sobre el uso de la fuerza frente a grupos vulnerables.

DATOS DE CONTACTO

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Dirección: Tehuantepec #142 Col.Roma Sur, C.P. 06760 Ciudad de México, México

Email: [email protected] [email protected]

Organización: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Teléfono: + 52 (55)55468217

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