Ficha técnica sobre tortura

PROBLEMÁTICA

En México la tortura, incluida el uso de la tortura sexual, sigue siendo practicada de manera generalizada, en particular como “herramienta” para la investigación de delitos, para obtener confesiones o información incriminatoria. Aunque el 26 de junio de 2017, se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, misma que retoma diversos estándares internacionales, la erradicación de esta práctica dependerá de la efectiva implementación y cumplimiento de la Ley.

El Estado mexicano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existían 15 sentencias federales en materia de tortura de 2006 a 2015, varias del mismo caso. La existencia de sólo 15 sentencias en ese periodo denota un patrón de impunidad casi absoluta, si se analiza que del 1º de diciembre de 2006 a octubre de 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre 5,746 averiguaciones previas y 3,609 carpetas de investigación iniciadas por el delito de tortura, es decir, un total de 9,355 investigaciones penales. La creación en octubre de 2015 de la Unidad (hoy Fiscalía) especializada de la PGR en la materia no ha significado cambios sustantivos: informó en febrero de 2018 que de un total de 8,335 investigaciones, había ejercitado acción penal en 17.

La aplicación del Protocolo de Estambul es casi nula: a pesar de iniciar, en promedio, miles de investigaciones cada año en 2017 la Unidad especializada de la PGR solicitó la aplicación de dictámenes periciales médico- psicológicos para documentar posibles casos de tortura en sólo 17 ocasiones. Incluso en tales casos, diversos actores nacionales e internacionales han documentado las deficiencias e insuficiencias, así como la manipulación de los dictámenes para encubrir secuelas de tortura, problemática derivada de la falta de independencia e incapacidad de los peritos médicos y psicólogos de las procuradurías.

La tortura es en gran parte cometida por elementos de las fuerzas armadas. La PGR recibió, del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, 1,273 denuncias en las que se presume que los actos de tortura fueron cometidos por las fuerzas armadas. Por otra parte la Unidad especializada informó en julio de 2017 haber abierto 1,847 investigaciones ( desde octubre de 2015) en contra de los elementos del ejército.

PREGUNTAS:

  • ¿Qué acciones concretas plantea implementar el estado para acabar con la tortura practicada de forma generalizada, además de la aprobación de una ley?
  • ¿Qué acciones tomará el Estado para la aplicación efectiva y manejo de buenas prácticas, sin dilaciones del Protocolo de Estambul para casos de denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles?
  • ¿Qué acciones tomará el Estado para acabar con la impunidad y sancionar a las fuerzas armadas que cometen tortura y otros tratos o penas crueles?

RECOMENDACIONES

  1. Que, dentro de los cuatro meses posteriores a la aceptación de las recomendaciones del EPU, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adopte jurisprudencia que sustituya la tesis jurisprudencial 1a./J. 101/2017 (10a.), puesto que dicha tesis permite el uso en procesos penales de diversas pruebas obtenidas mediante tortura, cuando el derecho internacional y la nueva Ley General contra la tortura disponen la ilicitud de cualquier prueba generada por este medio; así, se recomienda que en una nueva tesis jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca la ilicitud, sin excepciones, de toda prueba obtenida mediante tortura, por lo que la denuncia de tortura siempre conlleva la obligación del Estado de esclarecer esta circunstancia para fines procesales y, en su caso, inadmitir las pruebas correspondientes. (para mayor referencia, consulte el Registro 2015603 en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Tesis.aspx)
  2. Dentro de un año a partir de la aceptación de las recomendaciones, garantizar que toda Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura cuente con agentes suficientes en número y capacidad para investigar toda noticia de tortura según lo previsto en la Ley General en la materia, reflejado en un aumento en la tasa de judicialización de casos y sentencias.
  3. Dentro de un año a partir de la aceptación de las recomendaciones, aumentar la tasa de reparación a víctimas de tortura, con miras a implementar medidas de rehabilitación y reparación integral del daño a toda víctima de tortura conforme lo previsto en la Ley General en materia de tortura y de Víctimas
  4. Crear un Instituto Nacional de Ciencias y Servicios Forenses con referentes estatales, el cual debe contar con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión y no dependencia jerárquica de alguna agencia de investigación criminal o judicial, así como recursos económicos y humanos suficientes y capaces en la aplicación del Protocolo de Estambul y otros relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
  5. Garantizar que tanto los ministerios públicos como las autoridades judiciales reconozcan la validez y valor probatorio de los peritajes realizados por expertas y expertos no gubernamentales e independientes, conforme lo señalado en el artículo 37 de la Ley General contra la Tortura.
  6. Fortalecer, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el funcionamiento de los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas en materia de prevención e investigación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión, así como el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DATOS DE CONTACTO

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Organización: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

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